El glifosato es uno de los herbicidas más usados en el mundo, incluido Aragón, debido a la importancia del cultivo de cereales. Es una sustancia activa utilizada como “una herramienta básica para muchos agricultores”, y ahora, un informe realizado por una consultora y amparado por varias asociaciones proclives a su uso, ha cuantificado el coste que tendría su prohibición.
Según la consultora Price WaterHouse Cooper, en España, la eliminación del glifosato supondría una pérdida del 10% de la producción. Y respecto a Aragón supondría la pérdida de algo más de 130 millones en rendimiento para los agricultores.
Las razones dadas en el informe para argumentar esta pérdida están en el aumento de la carga de trabajo para los agricultores, que deberían realizar más acciones de laboreo en sus campos para impedir que crezcan malas hierbas en terrenos en barbecho, además de aumentar su gasto al acudir a otras sustancias más caras.
Por qué se considera al glifosato tan perjudicial
El auge y caída del glifosato responde a varias dudas sobre sus posibles afecciones sobre la salud humana y la biodiversidad. Cuyas dudas la Unión Europea aún no ha conseguido probar.
El glifosato fue patentado en 1974 por la multinacional Monsanto, siendo parte fundamental de su compuesto RoundUp, el más comercializado del mundo. Su uso ha ido creciendo de forma paulatina hasta que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud lo calificó como “probablemente cancerígeno”. Una clasificación que fue rechazada por Monsanto y varias organizaciones agrarias.
A nivel europeo, donde reside el mayor nivel de decisión en este aspecto, la Comisión Europea pidió información a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que en 2016 emitió un informe indicando que, en base a los estudios analizados, “es improbable que el glifosato sea genotóxico (provoque daños en el ADN) o suponga una amenaza de cáncer para los humanos”. Como resultado de este informe, el Parlamento Europeo aprobó una proposición pendiente de validación por los Estados miembros para autorizar el glifosato durante 7 años más (en lugar de los 15 que se suele hacer), pero restringiendo su uso solo a profesionales y desaconsejando su utilización en espacios públicos. Al hilo también de esto, la Comisión extendió también hasta final de 2017 de forma ejecutiva la autorización, ya que se extinguía el verano pasado.
Los agricultores defienden su uso
En abril de este año se publicó un nuevo informe solicitado por Bruselas para tener mayor seguridad, esta vez realizado por la Agencia Europea de Substancias Químicas que también afirma que no hay evidencias científicas de que el polémico herbicida sea cancerígeno.
Dado que este informe también negaba la tesis de que el herbicida fuera cancerígeno, a comienzos de este mes representantes de Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS) solicitaron al Comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, que la Unión Europea renueve la licencia del herbicida glifosato.
De esa opinión es también Francisco Ponce, secretario provincial de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Uaga) en Zaragoza. “El problema del glifosato es que no se ha encontrado un producto que pueda ser sustitutivo al mismo precio. Si se prohibiera, habría que acudir a otros productos o hacer muchas más labores, con el consiguiente coste en horas de trabajo y recursos económicos”, señala, aportando también que entre la rumorología se comenta en el sector agrario que la licencia para el glifosato se seguirá manteniendo mientras no se dé con una alternativa eficaz.